El programa Odd Lots, grabado en vivo en el City Winery de Chicago, reunió al economista James Robinson, de la Universidad de Chicago, con los periodistas financieros Joe Weisenthal y Tracy Alloway. El tema central fue la ausencia de la política en los modelos económicos convencionales, un vacío que, según Robinson, distorsiona la capacidad de la disciplina para ofrecer soluciones inclusivas. En la charla, se citó que los sindicatos, la estabilización de alquileres y los controles de precios aparecen como anomalías en la teoría que predice que el libre mercado corrige cualquier distorsión. La crítica se apoya en datos recientes de la OECD, que muestran que países con mayor intervención política presentan brechas de ingreso más amplias, aunque la causalidad sigue siendo materia de debate.
Los modelos neoclásicos, arraigados en la escuela de Chicago, asumen agentes racionales, mercados perfectos y un Estado limitado. Esa visión, heredada de los años setenta, relegó a la política a un segundo plano, considerándola como un “shocker” externo. Sin embargo, la historia reciente demuestra que la política es un motor permanente. En 2023, la UE introdujo un paquete de subsidios energéticos que, lejos de ser un simple ajuste técnico, reconfiguró la demanda y los precios de la electricidad en toda la zona euro. Es difícil no ver en esto una señal de que los economistas deben incorporar la dimensión política como una variable estructural, no como un accidente puntual.
El legado de la política en la teoría económica
La década de los setenta marcó el inicio de una revolución ideológica: el neoliberalismo desplazó a los sindicatos y desmanteló regulaciones de alquiler. En Argentina, la crisis de 2001 mostró que la ausencia de un marco institucional sólido, unido a decisiones políticas erráticas, provocó una devaluación del peso de más del 70 % y una inflación que superó el 40 % anual. Ese episodio dejó una lección clara: la política no es un factor exógeno, sino el cimiento sobre el cual se construye la credibilidad macroeconómica. La obra de Robinson, coautor de "Why Nations Fail", enfatiza que las instituciones inclusivas surgen cuando el poder político se reparte de forma equilibrada; cuando se concentra, la economía sufre.
En los últimos cinco años, la OCDE ha registrado que los países con mayor participación sindical tienden a experimentar menores volatilidad salarial, pero también una mayor rigidez en la negociación de precios. En Argentina, la fuerza de los gremios ha sido decisiva para la negociación de salarios y la imposición de topes a la inflación, lo que ha generado un efecto mixto: protección del poder adquisitivo de los trabajadores, pero a costa de distorsiones en la formación de precios. Todo indica que la literatura académica aún subestima la interacción entre políticas salariales y expectativas inflacionarias, un vacío que afecta directamente a los inversores.
El debate global sobre la política económica se intensificó tras la pandemia, cuando gobiernos de todo el mundo aplicaron paquetes de estímulo masivo. La reacción de los mercados mostró que la mera inyección de liquidez no basta; la credibilidad de las instituciones políticas determina si la confianza se mantiene o se erosiona. En este contexto, la ausencia de un enfoque político en los modelos tradicionales se vuelve una vulnerabilidad, y la comunidad académica parece estar subestimando la magnitud de la amenaza estructural.
Qué significa para la Argentina
En el territorio argentino, la tendencia a aplicar controles de precios, como el reciente tope al precio de los alimentos básicos anunciado en marzo de 2024, tiene un efecto directo sobre la inflación subyacente. Los datos del INDEC revelan que, tras la medida, la inflación mensual cayó un 0,3 %, pero la presión sobre el tipo de cambio se intensificó, con una devaluación de 1,2 % en la misma semana. Esa dinámica ilustra cómo la política, lejos de ser un factor marginal, moldea la trayectoria de los indicadores macro. El mercado parece estar subestimando la capacidad de los controles para generar escasez y, a su vez, alimentar expectativas inflacionarias más altas.
Para el inversor argentino, la lección es clara: la exposición al peso argentino lleva implícito un riesgo político que no se refleja en los modelos de valoración tradicionales. Diversificar en dólares, bonos soberanos indexados al CER o en acciones del Merval que tengan exposición a exportaciones puede mitigar el impacto de decisiones de política interna. Además, los fondos de inversión que incluyen activos reales, como la soja o la energía, ofrecen una cobertura natural contra la inflación generada por intervenciones de precios.
El calendario político argentino añade otra capa de complejidad. Las elecciones legislativas de octubre de 2024 podrían redefinir la composición del Congreso y, con ello, la capacidad del gobierno para mantener o relajar los controles de precios. Un escenario de mayor consenso fiscal podría reducir el spread de los bonos soberanos, que hoy ronda el 9 % sobre el benchmark internacional, mientras que una mayor fragmentación aumentaría la prima de riesgo, encareciendo la financiación externa. Por eso, los ahorradores deben vigilar no solo los indicadores económicos, sino también la evolución de los pactos políticos que determinan la disciplina fiscal.
Los posibles caminos futuros se bifurcan. Si la política argentina logra equilibrar la necesidad de protección social con la estabilidad macroeconómica, la inflación podría estabilizarse alrededor del 70 % anual, una mejora respecto al 140 % registrado en 2023, y el tipo de cambio podría encontrar un rango más predecible. En cambio, si los controles se intensifican sin una estrategia clara, la presión sobre el tipo de cambio y los bonos podría dispararse, provocando una fuga de capitales y una mayor depreciación del peso. En ambos casos, la clave para los inversores será anticipar los movimientos políticos antes que los indicadores de mercado.
En última instancia, la conversación de Robinson subraya que la economía no se puede divorciar de la política sin perder la capacidad de explicar la realidad. Para los argentinos, eso significa que cada decisión de política salarial, de control de precios o de negociación sindical tiene consecuencias inmediatas en sus ahorros y en la rentabilidad de sus inversiones. Mantener una vigilancia constante sobre el panorama político, junto con un portafolio diversificado, será la mejor defensa contra la incertidumbre que surge cuando los economistas siguen mirando a través de un cristal sin reflejar la política que lo sostiene.
